a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Garmon Abogados.
Todos los Derechos Reservados.

9:30 - 19:00

Horario de Lunes a Viernes - Cita Previa

616.783.364

Llámanos Consulta Gratuita

Facebook

Twitter

Menu

Pinchazos telefónicos y Sitel

teléfono

Sitel es el sistema que en la actualidad utiliza la Policía Nacional y la Guardia Civil con el fin de intervenir las comunicaciones para resolver investigaciones de delitos. Lo que pocas personas saben es que Sitel permite que los pinchazos telefónicos comiencen no cuando el terminal receptor se descuelga sino desde el mismo momento en que comienzan los tonos de llamada. Por decirlo de manera sencilla: ambos teléfonos se convierten en micrófonos desde que se realiza la llamada incluso aunque el teléfono receptor no llegue a descolgarse y mientras la llamada no termine por las dos partes. Esta circunstancia que ha sido utilizada por la policía en sus investigaciones ha necesitado de aclaración por el Tribunal Supremo sobre su legalidad. Lo que ha determinado el TS es que el contenido previo a descolgar el teléfono es perfectamente válido como prueba. Lo que no es válido es el contenido intervenido sin que el teléfono llegue a descolgarse o el obtenido después de que uno de los dos interlocutores corte la comunicación.

La intervención de las comunicaciones es una herramienta habitual de investigación por parte de la policía a fin de resolver o anticiparse a la comisión de delitos. Los pinchazos telefónicos al tratarse de una intromisión en el derecho al secreto de las comunicaciones, derecho contenido en la Constitución española, necesitan para ser legales de la autorización por parte de un juez.

Jurisprudencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas y concluyó que estas eran legales siempre que:

1. La injerencia esté prevista legalmente.

2. Constituya una medida necesaria para proteger convenientemente la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la salud, la moral y, en definitiva, los derechos y libertades de los demás.

3. Y que exista una necesidad y proporcionalidad en su injerencia.

Por su parte los tribunales españoles consideran que para que un pinchazo telefónico sea legítimo y válido tienen que concurrir varios principios:

1. Principio de exclusividad jurisdiccional, pudiendo sólo la autoridad judicial establecer restricciones y derogaciones al secreto de las comunicaciones.

2. Principio de exclusividad probatoria de las interceptaciones para llegar a establecer la existencia de delito y la identidad de sus autores.

3. Principio de excepcionalidad, pues la medida solo habrá de adoptarse cuando no exista otro medio de investigación del delito que sea de menor incidencia y cause menores daños sobre los derechos y libertades fundamentales.

4. Principio de limitación temporal de la utilización de la medida, que autoriza la intervención por períodos trimestrales individuales y posibilita la concesión de prórrogas por periodos iguales.

5. Principio de especialidad del hecho delictivo, que restringe el uso de esta herramienta a los delitos de mayor gravedad de forma que la intervención telefónica no puede emplearse para tratar de descubrir de manera general e indiscriminada actos delictivos.

6. Principio de limitación subjetiva. Significa que la intervención telefónica sólo podrá reacaer sobre los teléfonos fijos o móviles de las personas supuestamente implicadas sean titulares de la línea o usuarios habituales.

7. Principio de limitación objetiva. Tienen que existir indicios de la comisión de delito y no meras sospechas o conjeturas. Ponderar si se dan o no esos indicios es responsabilidad de la autoridad judicial y sólo de existir podrá autorizarse el pinchazo telefónico.

8. Principio de procedibilidad. Para que se pueda autorizar la intervención de las comunicaciones tiene que existir un procedimiento abierto previamente. No puede acordarse una intervención previa al procedimiento penal aunque en ocasiones se han utilizado las llamadas Diligencias indeterminadas pues según el Tribunal Supremo lo esencial y decisivo es que haya una motivación suficiente que justifique la medida adoptada.

9. Principio de fundamentación. La autorización de la intervención tiene que darse en una resolución judicial donde se explique suficientemente las razones para el pinchazo telefónico.

10. Principio de control judicial en la ordenación, desarrollo y cese de la medida de intervención. Supone que la intervención telefónica aunque llevada a cabo por la policía, es controlada judicialmente existiendo por parte de los agentes la obligación de informar a la autoridad judicial de cualquier incidencia acaecida, incluyendo el descubrimiento de nuevos delitos ajenos a la investigación en curso. De darse este supuesto se necesitará solicitar una nueva autorización judicial para cubrir el nuevo delito investigado.

Puede solicitarnos un presupuesto gratuito y sin compromiso. Póngase en contacto con nosotros a fin de asesorarse sobre este y otros temas. Somos abogados en Gijón. Nuestro teléfono de contacto es el 616.783.364 y el email contacto@garmonabogados.com.

teléfono

Sin Comentarios

Deja un comentario

¿Cerrar tu cuenta?

Se cerrará tu cuenta y todos los datos se borrarán de manera permanente y no se podrán recuperar ¿Estás seguro?

¿Estás seguro?

Al no aceptar ya no tendrás acceso a nuestro sitio y se te desconectará.